El informe, del vocal Juan Manuel Fernández, se centra en que la vista no es un sentido imprescindible para un juez como sí puede serlo el oído, que cuenta más a la hora de captar cuando quien esté declarando tarde unos segundos de más en dar una respuesta o conteste con un tono o con otro.

Gabriel Pérez Castellanos es un vallisoletano invidente de 23 años. Se licenció en Derecho con un 7.9 de media y ha decidido, antes de empezar a estudiar para sus oposiciones, preguntar al CGPJ si, tras pasar los mismos exámenes que todo el mundo, podrá ejercer como magistrado o no se lo permitirán debido a su discapacidad.

Otros invidentes aspiraron antes al puesto de juez, “y con inconvenientes”, aseguran fuentes de la ONCE. “Les decían que no podían ser jueces debido a dificultades causadas por su discapacidad o les suspendían (al margen de los que no pasaban las pruebas por no prepararse lo suficiente)”.

La ONCE afirma a este respecto que algunas de las pruebas de los exámenes, por ejemplo, ciertas prácticas periciales, “no están adaptadas” para invidentes, por lo que las personas con esta discapacidad no podrían superarlas.

Desde ONCE declaran que “apoyarán en todo” a Pérez Castellanos, sea el fallo favorable, como parece que ocurrirá, o no. “Le apoyamos tanto como a cualquier discapacitado”. Aseguran que, si finalmente estudia las oposiciones y pasa los exámenes, ayudarán a Pérez Castellanos con material especial en braille y todo lo que pueda necesitar. Vigilamos para que la normativa no use la discapacidad para discriminar”.